Decíamos con motivo del debate organizado por la Fundación Cotec el pasado mes de noviembre que era la primera vez que la ciencia había entrado en una campaña electoral, aunque fuera tímidamente. Hace apenas unas horas que se ha hecho público el primer acuerdo fruto de los resultados electorales del pasado 20-D -entre el PSOE y Ciudadanos- y merece la pena analizar brevemente cómo ha quedado reflejado en el mismo el cacareado compromiso político con la ciencia y la innovación.
Innovación
Sorprende positivamente que el primer epígrafe del acuerdo esté dedicado íntegramente a la innovación tecnológica, dentro del bloque dedicado a la política económica. No en vano uno de los ejes del acuerdo entre ambos partidos es el cambio hacia «un modelo de crecimiento» que debe estar basado «en la innovación y la mejora de la productividad», el cual se acompaña de las siguientes propuestas en materia de innovación:
Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.
Incrementar significativamente, la inversión pública en I+D+i y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.
Red de Transferencia Tecnológica. Crear una red de institutos tecnológicos donde se lleve a cabo investigación aplicada y los investigadores resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.
Mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión público privados de match-funding, especialmente para sectores estratégicos que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, COFIDES, etc.) enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales.
Estimular la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i y equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.
Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.
La política económica recoge también la elaboración de una «Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como la tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels o la reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada», y prevé «reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES (…) con énfasis especial en la innovación». Del mismo modo, la política fiscal debería incentivar «la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación».
Ciencia
Por otra parte, enmarcado junto a las políticas de educación y cultura, el documento recoge el pacto por la ciencia que viene demandando desde hace tiempo la comunidad científica, consistente en «promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.»
Junto a este pacto, o quizá como consecuencia del mismo, se deslizan las siguientes actuaciones, bastante heterogéneas:
Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.
Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB y defender en las instituciones europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.
Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.
Reformar el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.
Por último, dentro del epígrafe dedicado a las universidades, se reconoce a éstas como «parte esencial del sistema del conocimiento» y se explicita «la valorización y la transferencia del conocimiento» como una función social de las mismas. Además, se hace mención al Sistema Nacional de Salud como motor de la investigación e innovación.
Conclusión
En las 66 páginas del acuerdo el término «ciencia» aparece en 10 ocasiones e «innovación» en 9. Sin embargo se habla más de innovación que de ciencia. Esto resulta coherente con la prioridad de cambiar el modelo económico así como con los planteamientos -fundamentalmente economicistas- recogidos por Ciudadanos en su programa. Si bien es un enfoque que se puede tildar de cortoplacista, que la innovación ocupe la primera página del acuerdo y que se cite explícitamente la transferencia de tecnología es, en mi opinión, motivo para felicitarse.
En lo que se refiere a ciencia, el contenido del acuerdo resulta más vago. Más allá del pacto por la ciencia y las declaraciones de intenciones, la principal (y casi única) propuesta concreta es el plan de incorporación y consolidación del personal investigador. La precariedad laboral es, probablemente, el talón de Aquiles de nuestro sistema de ciencia y tecnología, en particular tras los recortes indiscriminados sufridos en los últimos años. Bien está que se reconozca la urgencia de actuar sobre la misma.
Queda pendiente, en mi opinión, engranar mejor la ciencia y la innovación, la investigación básica y el desarrollo tecnológico, lo que se refleja en la dicotomía entre la agencia de investigación y la de innovación. Y se pasa por alto la necesidad de especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto científico y/o industrial.
Hasta qué punto se hará realidad este acuerdo es algo sujeto al juego político. Lo que sí parece claro es que los partidos, independientemente de su color, han integrado por fin la ciencia y la innovación en su discurso.
